A partir de ahora, el Estado podrá vender barcos incautados por narcotráfico, blanqueo de capitales procedente de dicha actividad u otros delitos relacionados, sin esperar a la sentencia firme.
Se trata de un acuerdo de colaboración suscrito entre Fomento, Justicia, el CGPJ, la Fiscalía General y Puertos del Estado basado en el artículo 367 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el 374 del Código Penal.
Ambos preceptos posibilitan la venta anticipada de objetos y efectos incautados por narcotráfico cuando se dan una serie de circunstancias entre las que figura que su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad públicas, dar lugar a una disminución importante de su valor o afectar gravemente a su uso y funcionamiento habituales.
El convenio pretende dar respuesta a los problemas surgidos en el ámbito de la Administración de Justicia, cuando la persecución de delitos contra la salud pública conlleva la incautación judicial de importantes cantidades de droga y la aprehensión de los medios de transporte –fundamentalmente barcos y otras embarcaciones- empleados en su tráfico ilícito.
Hay que tener en cuenta que los delitos de narcotráfico suelen llevar pareja la incautación de los medios de transporte utilizados y la custodia de éstos queda encomendada a la Administración de Justicia. Como en el caso de buques, barcos y embarcaciones se realiza en un puerto, hay que considerar que supone un coste económico, además del posible deterioro del bien custodiado.
Debido al volumen y complejidad de estos asuntos, la tramitación de los procesos penales prolonga las situaciones de depósito de las embarcaciones incautadas más allá de lo que sería deseable, generando un importante riesgo de deterioro, degradación y pérdida de valor de los referidos bienes.
Por tanto, con este acuerdo se pretende articular medidas que permitan evitar esos daños que suelen sufrir ese tipo de vehículos inmovilizados mientras se instruye el procedimiento penal y se celebra el juicio.
En este sentido, Mercedes Duch, socia de San Simón & Duch, explica lo que venía ocurriendo hasta ahora: “después, por ejemplo, de diez años de procedimiento contra una narco, cuando vas a vender un bien de su propiedad, te encuentras con una ruina medio hundida”.
Con este procedimiento urgente, señala Duch, se obtiene “la venta inmediata de barcos que, además, suelen ser muy buenos y potentes”, y “se deposita ese dinero para que, en su día, puedan cobrarse las indemnizaciones por responsabilidades civiles derivadas del delito”.
Para la socia de San Simón & Duch, otra consecuencia práctica de esta nueva medida es que “los puertos evitan las largas estancias de ese tipo de barco abandonado que solo trae problemas: robos, expolios, ensucian el puerto… Son potencialmente peligrosos y ecológicamente muy dañinos”.
En el protocolo de actuación se establece que la venta o enajenación de los barcos aprehendidos se haga a través de las autoridades portuarias, ya que son las competentes para gestionar el espacio portuario en el que se encuentran.