A través de tres ejes principales de actuación, el proyecto de ley de pesca marítima iniciará su tramitación parlamentaria bajo la premisa de buscar una mejora de la situación socioeconómica para el sector.
Para ello, la reforma fomentará la diversificación económica del sector abriendo nuevos escenarios de actividad como el turismo pesquero o marinero y la pesca-turismo; además, por primera vez, se establece un reconocimiento de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en este sector.
Por otra parte, el nuevo texto viene a intensificar acciones contra la pesca ilegal internacional con un refuerzo del marco jurídico. Y también supone una simplificación y modernización administrativa en ámbitos como los Registros de buques pesqueros o en el procedimiento sancionador en materia de pesca marítima.
Mejora de la situación socioeconómica
El proyecto apuesta por dinamizar las zonas costeras y dependientes de la pesca, impulsando la generación de riqueza y empleo gracias al desarrollo de actividades complementarias a la actividad puramente pesquera, realizadas por profesionales del sector.
Para ello, se introduce un nuevo capítulo dedicado a la diversificación económica del sector, en el que destaca la potenciación del turismo pesquero o marinero y del turismo acuícola, es decir, de un producto turístico generado en torno a la cultura marinera de los mares y costas.
En esta línea, se desarrolla y regula una de las actividades más novedosas de este ámbito como es la pesca-turismo: una experiencia turística de embarcarse a bordo de buques pesqueros con profesionales del sector.
Por otra parte, con esta reforma se fomenta la participación activa de la mujer a través del reconocimiento en la propia Ley del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
Se reconoce, así, el relevante papel de la mujer en el sector, en el convencimiento de que «el liderazgo y el emprendimiento de las mujeres constituyen un elemento fundamental en el futuro de la pesca, así como en el desarrollo de las comunidades pesqueras».
Lucha contra la pesca ilegal internacional
Desde el compromiso de evitar y sancionar cualquier participación española en estas actividades de pesca sin ningún tipo de control por parte de los Estados de pabellón, de Puerto o Costeros, se establece “un marco jurídico modélico” a nivel internacional que pretende eliminar cualquier espacio de impunidad, endurecer la respuesta punitiva de la Administración y fortalecer decididamente el régimen de control de importaciones de productos pesqueros.
De este modo, se definen nuevos tipos infractores relacionados con incumplimientos en materia de importación de productos pesqueros y de vinculaciones a buques incluidos en listas internacionales de pesca ilegal; se amplía el ámbito de aplicación del régimen sancionador para poder actuar frente a buques extranjeros cuyo Estado de pabellón no haya ejercido su competencia sancionadora; y se refuerza el control sobre los nacionales enrolados en buques de terceros países.
En definitiva, significa asegurar que todo el pescado que pretenda entrar en el mercado comunitario procedente de terceros países, a través de España, haya sido capturado conforme a las medidas de conservación vigentes.
Simplificación y modernización administrativas
El proyecto aprobado establece, además, una importante simplificación del actual régimen registral de los buques pesqueros, necesario para asegurar el control de capacidad y esfuerzo de la flota, a través de dos únicos instrumentos: en primer lugar, el conocido Censo de la Flota Pesquera Operativa, en el que se recopilan los datos sobre los buques que faenan en aguas exteriores y los que simultanean éstas con aguas interiores; en segundo lugar, el Registro General de la Flota Pesquera, que aglutina, tanto los datos del citado Censo de la Flota Pesquera Operativa, como los de los Registros o Censos autonómicos sobre embarcaciones que faenan exclusivamente en aguas interiores y aquellas al servicio de las instalaciones de acuicultura.
El Registro General constituirá, por tanto, la parte española del Registro Comunitario de Buques, según establece la Política Pesquera Común.
Finalmente, como adaptación a la normativa comunitaria, el nuevo texto recoge una actualización del régimen de infracciones y sanciones en materia de pesca marítima que ha sido racionalizado y modernizado, también a la luz de actividades de relevancia creciente en su afectación a los recursos pesqueros como la pesca de recreo.
Entre sus novedades cabe destacar el fortalecimiento de las atribuciones de los inspectores de pesca; la apuesta por mecanismos de eficiencia y eficacia administrativa como comunicaciones electrónicas, procedimientos abreviados o sistemas de pago voluntario bonificado en determinados casos. También contempla el fomento de la donación a entidades benéficas de los productos pesqueros decomisados, en el marco de los procedimientos sancionadores.